¡¿ y por estos lados? como andan los crecimientos patrimoniales?

Hugo Alconada Mon
LA NACION

Raúl Joaquín Pérez preside el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) en la Legislatura bonaerense. A fines de junio se aseguró otros 4 años de mandato, mientras continúa como el influyente número dos del Consejo de la Magistratura bonaerense. Con fueros parlamentarios renovados, ahora pugna por cerrar la acusación penal por enriquecimiento ilícito que arrastra desde hace 12 años.

La denuncia se apoya en su biografía singular. Pérez (50) llegó a La Plata desde Benito Juárez, en el interior de la provincia. En la capital bonaerense vivió en una pensión con baños compartidos mientras pugnaba por estudiar Derecho, aunque antes logró avanzar más en la política. A los 31 años asumió como concejal, tres años después se recibió de abogado, entre 1999 y 2001 trabajó como director del Astillero Río Santiago y, desde entonces, ocupa una banca como diputado provincial.

Sin embargo, como empleado en el Senado bonaerense, en las calles con un taxi, y luego como concejal y presidente del Concejo Deliberante comenzó su ascenso social. Pasó a moverse en una camioneta cero kilómetro y a volar en un avioneta propia. También se compró una casa de por lo menos 320.000 dólares con un ingreso anual de 24.000 pesos como concejal en La Plata, el período de su vida que quedó bajo la lupa, mientras se divorciaba de su primera mujer.

Dos peritos oficiales, en informes por separado, concluyeron lo mismo: aún con todo a favor -créditos incluidos-, Pérez no pudo justificar entre 287.764 y 483.399 pesos/dólares acumulados durante la convertibilidad. "El importe consignado más que duplica el monto (anual) de las dietas, considerando sólo documentación obrante en la causa, lo que me lleva a concluir que el importe señalado (sin justificar) es sólo un piso", precisó el primer perito contador, Edgardo Lamonega, al presentar su informe en noviembre de 2002.

Capacidad de ahorro

Un año y medio después, el segundo perito, Osvaldo Garelli, concluyó que Pérez registró una "capacidad de ahorro acumulada" durante el período analizado "prácticamente nula", lo que "determina la imposibilidad de (su) crecimiento económico". En especial, tras su divorcio y cuando su ingreso anual por dietas en 1996, por ejemplo, fue de $ 24.653, mientras que sólo sus gastos con tarjetas de crédito superó los 66.000 pesos.

LA NACION accedió a ambos peritajes, aún cuando el expediente resulta poco menos que inhallable. Desde que se expidieron ambos peritos, comenzó un largo recorrido que impidió el llamado a indagatoria y, de corresponder, el procesamiento de Pérez. Pasó por primera instancia, la cámara de apelaciones, la Casación y la Suprema Corte -donde dormitó cerca de cuatro años-, otra vez la Casación, la Cámara, primera instancia y otra vez la Cámara.

La sensibilidad alrededor de este expediente resultó notable. Al punto que cuando LA NACION comenzó a indagar antes de las elecciones, preguntó solo en la Casación. Esa misma tarde, sin embargo, y sin que mediara un contacto previo, Pérez llamó al diario para ofrecer un diálogo sobre esa causa.

Lo mismo ocurrió cuando LA NACION consultó en la Escribanía General de Gobierno si podía acceder a sus declaraciones juradas patrimoniales. La cordialidad trucó en nerviosismo cuando se precisó el nombre del diputado. "¡Ah, bueno!", dijo Alicia Valenzuela, encargada de tomar las declaraciones. Dijo que el acceso estaba vedado tras consultar a un jefe. "Sólo por nota de un juez", explicó.

El expediente se encuentra ahora a las órdenes del nuevo juez a cargo, Guillermo Atencio. Estaba en manos de la jueza de transición Carmen Palacios Arias, cuya última decisión fue llamarlo a indagatoria para el 20 de abril último. Pero Pérez volvió a apelar y el expediente subió, otra vez, hasta la Casación e impidió esa audiencia. Sólo bajó tras la disolución de los juzgados de transición y el sorteo de todos los expedientes remanentes.

Pérez replica que su crecimiento patrimonial se debe a sus ingresos como abogado. Pero los peritos objetaron esa posibilidad. "Una gran cantidad de recibos fueron emitidos en diciembre de 1996 con una frecuencia inusitada, lo que permite dudar sobre la autenticidad de los servicios prestados", explicó Lamonega. Garelli fue más allá: "La única manera de determinar la autenticidad de estos servicios profesionales sería mediante la práctica de auditorías en las empresas que aparentemente recibieron esos recibos". Jamás se hizo.